La Histórica Liquidación de Jubilaciones

Actualidad

Alberto Fernández no cumplió su promesa de campaña. Había prometido un aumento general del 20% a los pensionistas y lo que parecía una reparación justa se convirtió en una liquidación histórica.

Los especialistas en derecho de pensiones coinciden en que los aumentos que anunció «son un engaño».


Aunque el presidente está enojado con los medios, el discurso oficial representa un cuadro de un ajuste oculto, que al FMI le gusta mucho, pero que causó una enorme decepción a una gran proporción de votantes que optaron por un cambio.

Los 3 millones de jubilados que han aportado en su fase laboral activa y han ayudado mucho a mantener el sistema cobrarán ahora una media del 37% menos de lo que hubieran cobrado si se hubiera aplicado la Ley de Movilidad, con extremos como ganancia del 11,7% para los haberes provisionales más bajos y una disminución del 57,2% para los más altos.

Simplemente significa una redistribución de recursos equivalente a un ahorro mensual de $ 5,586.7 millones para el estado nacional, lo que equivale a alrededor de $ 100 mil millones al año.

Los datos provienen de un análisis de la consultora Econométrica y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que expresaron opiniones divergentes sobre el anuncio de aumentos de pensiones.

Al respecto, el director financiero, Ramiro Castiñeira, dijo que las pensiones «no dependen del Poder Ejecutivo sino de una ley» y que con los incrementos anunciados vamos «pasando de la reparación histórica» ​​a la «liquidación histórica».

En el Poder Judicial, ya hay un llamado de atención para la Casa Rosada. El juez federal de Salta, Julio Leonardo Bavio, falló en contra de la suspensión de la movilidad en el retiro.

«La garantía constitucional de movilidad establecida en la constitución nacional no está fijada para el período posterior al 23 de diciembre de 2019», dijo.

El abogado destacó que «diversos pactos internacionales ratificados por Argentina, incluido el de protección de las personas mayores, establecen el principio de progresividad o la prohibición de los derechos económicos y sociales regresivos.»

Se acerca una avalancha de juicios

Con este aumento, miles de pasivos están preparados para tomar el camino del litigio debido a la pérdida de derechos adquiridos. Las pérdidas que sufrirán son sustanciales. Por ejemplo, con una fortuna de 50.000 pesos, se pierden unos 3.000 pesos.

Y una jubilación de 100.000 pesos pierde unos 7.600 pesos. Tras el entusiasta anuncio de Alberto Fernández de un incremento trimestral del 2,3% más una suma fija de $ 1,500, funcionarios de los más altos estudios coincidieron en que quienes requirieran el crédito mínimo tendrían un incremento del 13%.

El resto de jubilados tendrán fuertes quitas entre el 5% y el 7%.

Aunque con la medida el 86,8% de los beneficiarios del sistema de seguridad social (que además de jubilaciones y pensiones incluye a los beneficiarios de la AUH y otros planes sociales), cerca de 13,6 millones de personas recibirán un aumento en su haber que superará el 11,56% que hubieran recibido con la fórmula de movilidad previsional aprobada en 2017, el resto de jubilados verán disminuir su patrimonio en relación a lo ocurrido en el sistema anterior.


“Con este aumento que anunció el Gobierno para las jubilaciones, miles de jubilados acudirán a los tribunales sin duda. Ellos tienen mayor acceso a abogados”, dijo Andrea Falcone, abogada previsionalista.

Falcone agregó que «muchos de ellos tienen juicios en curso por los cuales tienen acceso a abogados que se quejarán. En mi caso, ya tengo las demandas listas para presentar esta semana”.

Facundo Fernández Pastor, especialista en derecho previsional, consideró que la ley aprobada en diciembre de 2017 debe ser derogada y devuelta a la de 2018.

Aseguró que en los dos últimos años los beneficiarios perdieron un 14,5% y agregó: “Fue un ciclo que acompaña al crecimiento de la economía, cuanto mejor era el país, más beneficiarios recibían”.

El abogado de pensiones Adrián Tróccoli del estudio homónimo advirtió que el aumento es inferior al 4% para las jubilaciones más altas.

«Cuando se trata de lo más bajo, no recupera lo que se perdió incluso el año pasado. Mucho menos los 20 puntos que Alberto Fernández le había prometido en la campaña”, indicó.

“Lo más preocupante es que esto es permanente. Lo que quiere decir que no es el caso que dure la emergencia económica, sino que quitan ese porcentaje y luego nada. Los jubilados esperaban un aumento del 11,56% en virtud de la Ley de Movilidad.

Les darán un incremento entre un 4 y un 6% si hablamos de la media. Y eso es muy poco», reflexionó.

Troccoli también afirmó que «en muchos casos su despacho de abogados ya ha iniciado el reclamo por el actual retraso en el activo tras una pérdida de casi 20 puntos en los últimos cuatro años”.

Al mismo tiempo, insistió en que con esta actualización vía decreto, los jubilados que no tomen el mínimo tendrían «una pérdida acumulada a lo que el propio presidente Alberto Fernández ya había reconocido».

“Esto no solo resuelve algo, sino que el 75% de los que contribuyeron a la jubilación obtienen una reducción cuando ya estaban atrasados”, dijo.